Del estudio comenzaron a llamarme…Primero con buena onda…Me proponían planes de pago y quitas…Yo tenía una deuda de tarjeta que no pude pagar porque me echaron del trabajo sin indemnización….Después empezaron a amenazarme con embargos a la casa de mi mamá con la que vivo…Y llamaban a mi mamá…a mis parientes diciéndoles que yo debía plata…Y que los iban a embargar a todos”, contó Brian G., un joven de 22 años que vive en Lanús y es víctima del acoso de un “estudio buitre” especializado en cobranzas extrajudiciales de deudas bancarias.

Me propusieron que firmara un convenio de pago para evitar problemas y hasta cárcel….Y que mi mamá, que es jubilada y dueña de la casa en la que vivimos, firmara como garante…Lo hicimos y fue peor”, continúo el joven.

“Ahora sí está embargada una parte de la jubilación de mi mamá….Y nos están cobrando 10 veces la deuda original de hace un año”, terminó el joven angustiado.

Esta dura situación es la misma que sufren miles de argentinos a lo largo y ancho del país. Personas con deudas en bancos, ya sea por gastos con tarjetas o créditos, son víctimas de constantes abusos por parte de algunos estudios especializados en cobranzas, que adquieren las carteras de morosos luego de tres meses de gestión de la propia entidad.

Desde ese momento, a la deuda original le añaden intereses enormes, gastos y honorarios; al deudor le exigen pagos inmediatos bajo amenazas de embargos o desalojos y, en los casos más frecuentes, lo acosan con llamados telefónicos a toda hora y hasta los fines de semana.

Más allá de que el deudor tiene la obligación de honrar la deuda, todo este proceso es ilegal y abusivo, y existen acciones legales que ofrecen protección ante estos abusos.Las personas que se encuentran en las carteras de morosos, además de ser deudores, también son consumidores y sus derechos se encuentran previstos en la ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación”, según explica Martín Rodríguez Toscano, abogado especializado en derecho privado. “En esta ley están contempladas varias prácticas ilegales que los ‘estudios buitre’ llevan a cabo”, agregó el profesional.

En estos casos, si el deudor afectado decide iniciar acciones legales contra los acreedores abusivos, éstos pueden enfrentar multas de hasta $5.000.000 (art. 47 ley 24.240), advirtió el abogado.

Además, a estos estudios legales abusivos se le pueden oponer otras acciones legales, aclaró Rodríguez Toscano. Si una agencia de cobranzas empieza a realizar alguna de estas prácticas indignas, es importante que el damnificado acuda a los organismos administrativos encargados de resguardar los derechos de los consumidores, ya sea dentro de la jurisdicción local o ante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor (consultas@consumidor.gob.ar) .

Por otro lado, si el conflicto llegara a judicializarse, es necesario contar con un abogado (rodrigueztoscano@rtoabogados.com).

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