El 27% de los hogares de la Argentina, según datos de la industria, no pueden pagar o resignan otros gastos familiares para afrontar el costo del servicio de internet fija, una de las prestaciones para las cuales el Gobierno nacional viene discutiendo con el sector la implementación de una tarifa social.

Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), “en el 27% de los hogares del país, el costo del servicio fijo de banda ancha representa una carga significativa”.

Estos hogares, según el informe con datos al primer semestre de este año de las ciudades de La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Viedma y Formosa concentran más de un tercio de los hogares que “no traspasan el umbral de asequibilidad”.

El umbral de asequibilidad se ubica en el 2% de los ingresos per cápita de los hogares, de acuerdo a lo dispuesto por la comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El acceso a internet desde el hogar tomó relevancia este año al convertirse en el principal lugar desde dónde se conectan las personas, ya que trabajadores y estudiantes de todos los niveles dejaron de conectarse desde los espacios públicos (incluyendo oficinas y colegio) para hacerlo desde el hogar.

Como tal el Gobierno nacional mediante el DNU 690 declaró como servicio de carácter público y esencial sujeto a regulación estatal a las prestaciones de internet, televisión paga y la telefonía móvil y fija.

“El uso de la computadora como dispositivo de acceso a internet venía bajando, año a año, y ahora pasó del 34% el año pasado al 50% este año”, indicó la analista Nora D’Alessio, quien remarcó que este año Argentina sumó 5 millones de nuevos usuarios de internet por lo cual subió al 89% de la población conectada.

En cambio el uso del smartphone como principal dispositivo pasó del 59% el año pasado a 46% este año, y también se redujo en el caso de las tablets del 7% al 4%.

El acceso a internet fijo es prestado en el país por unas 700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.

Para aliviar la carga que representa el servicio de internet en los hogares de menores recursos, el Gobierno ratificó en distintas oportunidades que avanzará un servicio básico a un menor precio que los actuales de mercado.

La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de las millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.

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