A pesar de que los medios llaman al Plan Gas IV “incentivo a la producción”, no sería acertado considerarlo como tal. Por el contrario, se trata de un subsidio a un sector de la demanda interna, concretamente a la residencial y a la de generación eléctrica. Una solución coyuntural ante las difíciles circunstancias políticas, económicas y sanitarias actuales. Este motivo es el que me permite, además, definirlo como un plan de transición para promover la producción durante la emergencia. Lo preocupante es que en nuestro país las transiciones se perpetúan en el tiempo. Falta proyectar el futuro porque nos agobia la coyuntura y el presente.

En un país normalizado, el precio del gas debería ser libre entre oferta y demanda, y el Estado tendría que resolver la situación de los sectores más vulnerables, siendo su responsabilidad, también, gestionar para reducir su dimensión. Ante circunstancias extraordinarias si el Estado decide subsidiar a un sector más amplio que al vulnerable, puede actuar en consecuencia y hacerse cargo de su responsabilidad.En un país normalizado, el precio del gas debería ser libre entre oferta y demanda, y el Estado tendría que resolver la situación de los sectores más vulnerables

El Plan Gas IV es una decisión política. No resuelve el problema de muchos años de intervención en el sector, ni genera una extraordinaria expectativa para el crecimiento. Sin embargo, ante la situación actual y en emergencia política (la grieta), económica y sanitaria, es una solución que le da certidumbre para el funcionamiento del sector en un corto y mediano plazo.

En el marco de las circunstancias extraordinarias, es necesario enumerar los efectos del plan: el precio del gas a ser pagado al productor surge de una subasta libre entre partes, pero con un “cup price” definido en dólares oficiales y se mantiene por un plazo contractual (de tres o más años). Dicho precio se desacopla del precio a pagar por el sector a ser subsidiado y el Gobierno asume su responsabilidad de definir un precio discrecional, aportando la diferencia entre lo pagado al productor y lo percibido del sector beneficiado. Contractualiza el precio de gas, por al menos tres años, para un sector que durante el período 2002 al 2018 estuvo regulado por el Estado. Permite la exportación en carácter firme, pero fuera del periodo invernal.

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