Empleados de una coperativa, rspaldados por el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), llevan casi veinte días bloqueando la fábrica en Mar del Plata. Ante este panorama la jueza de Garantías alude que no hay que desalojarlos porque considera que “la modalidad de protesta efectuada por los trabajadores impidiendo el acceso de camiones no constituye un delito”, a lo único que accedió fue a liberar a un camión de otra compañía.


Según relató Infobae, el bloqueo mantiene inmovilizadas 100 toneladas de pescado y mariscos y frustró la exportación de la mercadería. Ante este panorama el dueño de la empresa analiza bajar las persianas ante las pérdidas millonarias que está sufriendo. El conflicto que se dio el 27 de agosto en la planta de la Cooperativa Cabo Corrientes, procesa la mercadería de la empresa exportadora Sur Trade, donde se instalaron unos diez integrantes de otra cooperativa, Costa Galana, con el apoyo del sindicato.

No conocemos a esa gente porque tratábamos con el dueño. Primero el reclamo fue de 42 personas, después de 36 y más tarde de 18, pero optamos por no negociar porque no corresponde: trabajaron para nosotros solamente ocho días en dos años. Hicieron lo que pasa sistemáticamente en Mar del Plata cuando suceden estas cosas, es decir, rompieron la entrada, prendieron gomas y se instalaron con carpas para bloquear”.

“El sector trabaja con reclamos permanentes, sobre todo en esta época del año en que hay escasez de materia prima. Hay otra planta a la que le hicieron el mismo reclamo y le pasa lo mismo. Pero decidimos no arreglar porque si no, no terminamos más. Ahora es esta cooperativa y después vendrán otras. Esperamos que la Justicia actúe, pero no lo hace”, agregó.


A esto hay que agregarle que la jueza de Garantías Rosa Frende negó el pedido del fiscal Juan Pablo Lódola para desalojar a los trabajadores a la cooperativa de la planta de Sur Trade con fundamentos polémicos: consideró que como no se acreditó que los responsables del bloqueo hayan ejercido actos de violencia ni amenazas no se trata de un delito. “La modalidad de protesta efectuada por los trabajadores impidiendo el acceso de camiones no constituye un delito que merezca ser tratado en sede penal”, justificó.


“Les pagamos el sueldo a los empleados que no pueden trabajar, mientras no podemos cargar la mercadería, tenemos un stock de 142 toneladas inmovilizado y perdemos mercado”, dicen los empresarios.


Sur Trade no descarta es cerrar la empresa si esto continúa.

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