La mujeres que quieran conducir ómnibus en el país van a estar eximidas de pagar el registro profesional y las empresas que las contraten tendrán beneficios, una decisión estatal impulsada por quienes ya son conductoras y artífices de cambios en un sector masculinizado y aún reticente para las trabajadoras del volante.

La semana pasada se anunció la puesta en marcha del Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo en todo el país, el pago por parte del Estado de la licencia LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad.

“Hay dos líneas de inclusión laboral: por un lado, el Estado pagará parte del salario que una empresa pague a las choferes por 6 meses, y en el Norte Grande, 

Esta decisión política “es muy positiva” para Mirtha Sisnero, la primera en acudir a la justicia en 2008 reclamando su derecho a ser chofer, y pese a haber logrado un fallo favorable de la Corte Suprema en 2014 que reconoció que era discriminada, aún sigue sin poder conducir.

Ella trabaja en la Sociedad Anónima Estatal del Transporte Automotor de Salta (Saeta), en la empresa Tadelva, donde es inspectora.

“Sigo con la esperanza de que la empresa me diga sí y pueda conducir un colectivo”

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Con el impulso de las pocas “choferas” del país, surgen políticas inclusivas en el transporte